Este domingo 31 de octubre del 2021, aprovechando que es Halloween (y aquí en Costa Rica, el Día de las Mascaradas), vamos a contar una inusual historia de terror (si es que se le puede llamar así), que causó un revuelo, y sobre todo, una inusual polarización en Desamparados, y en especial, entre cientos de jóvenes del cantón. A decir verdad, esta viene a ser una teoría de conspiración que se viene escuchando en Desamparados desde hace ya 6 años, y que la descubrimos por pura casualidad. Dice así:
El lunes 13 de julio del 2015, la Cámara Nacional de Radio (CANARA) —entidad que actualmente cuenta entre sus afiliadas a tres de las cuatro emisoras de la Fundación Ciudadelas de Libertad— comenzó a pautar en su programa matutino Panorama, una inusual e insípida campaña en contra de la Ley Participativa de Radio y Televisión, una propuesta presentada en marzo del 2015 por el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativas (RedMICA) luego de un proceso de consulta de seis años y con la participación de representantes de la sociedad civil, medios alternativos, diversas organizaciones sociales, así como expertos técnicos y jurídicos. Y para ser mas precisos, CANARA emitió en "Panorama" una serie de aseveraciones en contra de la ley que proponen las organizaciones civiles y medios independientes agrupados en la RedMICA, calificándolo como un proyecto “peligrosísimo”, y como una “ley mordaza”.
En otras palabras, CANARA comenzó a ejecutar en esa época, una campaña de desprestigio contra el proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión desde Panorama, programa que es transmitido de lunes a sábado a las 7:00 AM por todas sus radioemisoras afiliadas, entre las que actualmente están tres de las cuatro de la Fundación Ciudadelas de Libertad (esas tres radios de la Fundación afiliadas a CANARA son CRC 89.1 FM, 103 FM y Radio Libertad 570 AM).
La Ley Participativa de Radio y Televisión fue creada en un período de seis años por integrantes de los movimientos sociales, comunicadores y periodistas de más de 70 medios de comunicación del país agrupados en la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Redmica), con el aporte de docentes, académicos, expertos en radiodifusión y televisión digital y asesores legales.
La ley propone, entre otros aspectos, democratizar la comunicación, una distribución equitativas de las frecuencias de radio y televisión por cuotas (50% comerciales, 30% medios comunitarios, 20% medios de servicio público). La iniciativa garantiza además que nunca un medio de comunicación puede ser sancionado, mucho menos cerrado, por la información que difunda a través de sus frecuencias concedidas.
Sus proponentes pretenden presentarla a la Asamblea por la vía de Iniciativa Popular al considerar que es un bien público que debe regularse como tal. En la actualidad, están en la etapa de recolección de firmas en todo el país y reconocidas figuras nacionales ya le han dado su respaldo.
Según RedMICA, CANARA utilizó argumentos falsos y sin fundamento, que incluso rayaban con lo absurdo. Han denominado a la ley como “peligrosa”, “chavista”, y hasta como una copia de leyes de otros países. Y es que encima, CANARA denominó tanto a RedMICA como a todas las personas que apoyan este proceso de iniciativa popular (entre estos, el editor de este blog) como “enemigos de la patria”.
El punto es que en sus mensajes radiales, CANARA llegó a calificar de “falaz” el objetivo de esta organización activista, que por el contrario, en realidad lo que busca es democratizar los medios de comunicación, pues la actual Ley de Radio (No. 1758) data de 1954, y no se ha reformado en décadas. Según CANARA, esta nueva ley sería “una maquinaria de adoctrinamiento” por parte de grupos identificados con leyes de la Venezuela de Hugo Chávez (q.d.D.n.g.) y de Nicolás Maduro y el Ecuador de Rafael Correa para “apoderarse de los medios de comunicación”.
En la difusión de los mensajes, CANARA tildaba a la Ley Participativa de Radio como un “rejuntado de artículos de leyes sudamericanas las cuales dicen cosas muy bonitas pero que en realidad buscan limitar los derechos de expresión e información”.
Otros apelativos contra este proyecto de ley y sus propulsores utilizados en los anuncios dirigidos a la población son “chavista”, “peligrosa” y como un “régimen de tiranía”.
“Ante el fracaso del fallido proyecto borrador de la ley de Radio y Televisión ahora se han reorganizado alrededor de una iniciativa particular… Este nuevo intento al igual que el anterior pretende cambiar nuestro modelo de democracia”, rezaba uno de esos mensajes.
A todo eso hay que añadir, que CANARA asegura (sin pruebas, naturalmente) que este proyecto de ley es una afrenta al sistema de libertades y modelo democrático costarricense.
Ante esto, RedMICA emitió en su momento un pronunciamiento a través de su vocera Grettel Montero, en donde desmintieron las acusaciones de CANARA y se defendieron aduciendo que la Ley Participativa de Radio y Televisión “es una ley moderna que permitirá la diversidad y pluralidad de voces en los medios de comunicación”.
Según explican, se trata de un proyecto que pretende atender las necesidades de información y comunicación de la ciudadanía, de la mano con los avances tecnológicos para consolidar la libertad de expresión, de prensa y derecho a la información.
“CANARA falta a la verdad cuando descalifica esta iniciativa sin dar un solo argumento que sustente sus afirmaciones. No comprendemos cuál es la intención de esta cámara empresarial de boicotear una propuesta ciudadana apoyada por diversas instancias y organizaciones sociales, culturales y académicas”, manifestó la vocera en su momento.
Montero agregó que de parte de RedMICA esperan que el pueblo de Costa Rica conozca el proyecto de ley y tenga una opinión informada, que “no esté tergiversada o manipulada”.
“Esperamos que CANARA y otros medios de comunicación propicien un debate de alto nivel sobre la democratización de la comunicación en nuestro país”, concluyó.
En fin, a raíz de esta campaña de CANARA, representantes de RedMICA solicitaron un derecho de respuesta dirigido al entonces Presidente de la Junta Directiva de CANARA, Gustavo Piedra, y se entregó en las oficinas de este ente el miércoles 15 de julio de 2015, tal como se consigna en el sello de recibido, para que este fuera transmitido en todas las plataformas utilizadas para difundir los mensajes iniciales de esta institución.
CANARA nunca llegó a radiar el texto. No se sabe realmente cuales fueron las razones por las que esta cámara empresarial se negó a concederle a RedMICA este derecho y tampoco se sabe cuales artículos específicos de esta propuesta son los que según CANARA, son una amenaza para la libertad de expresión y prensa y para los medios de comunicación constituidos.
Por su parte, RedMICA lamenta que CANARA continúe emitiendo “comentarios falsos e injuriosos sobre la Ley Participativa de Radio y Televisión”, y les haya negado el derecho de respuesta derivado del artículo 29 de la Constitución Política, así como de la Ley de Jurisdicción Constitucional en sus artículos 66, 67 y 69, los cuales otorgan el derecho de rectificación o respuesta a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general.
El interés primordial de RedMICA con esta medida, era aclararle a la ciudadanía, de forma absolutamente transparente, varios puntos importantes sobre la propuesta de Ley Participativa, dado que la información transmitida en Panorama fue inexacta, injuriva y falsa.
Resulta indignante que, pese a este esfuerzo colectivo, nunca se hizo valer este derecho que RedMICA tiene como movimiento social y como ciudadanía responsable, negando así el acceso de todas las personas a recibir información precisa y veraz sobre La Ley Participativa de Radio y Televisión, cuyos ejes centrales son el Derecho Humano a la Comunicación, la Diversidad de Voces, Pluralidad de Medios, la Libertad de Expresión y el Fortalecimiento de la Democracia.
Desde RedMICA, han estado siempre anuentes a debatir sobre este tema tan importante y sobre la necesidad urgente de una nueva legislación que regule el uso del espectro radioeléctrico y la radiodifusión en Costa Rica, lo cuál no ha sido posible. Se ha invitado a diversos actores y cámaras empresariales a sus actividades, pero ninguno ha atendido a su llamado y este tipo de acciones mediáticas dificultan aún más que se abra un espacio de diálogo.
A todo eso, esta campaña incluso quería desacreditar a las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica (universidad estatal en la que estudian varios becarios de la Fundación, pues su Programa de Liderazgo Juvenil se dirige a estudiantes de secundaria y de universidad de Desamparados) y el apoyo expreso que la Rectoría de esa entidad de educación superior estatal le ha dado a este proyecto, pues la Rectoría de la UCR declaró este proyecto de interés institucional. La UCR opera tres radioemisoras: Radio Universidad 96.7 FM, Radio U 101.9 FM y Radio UCR 870 AM.
Entre otras cosas, CANARA dijo lo siguiente sobre el apoyo de la UCR a la Ley Participativa de Radio y Televisión:
* Que la UCR debía rendir cuentas por apoyar una ley —según CANARA— antidemocrática.
* También se puso a cuestionar el uso de fondos públicos en la UCR para apoyar este tipo de ideas.
* Además dijo que en los últimos años la UCR fue tomada por un grupo ideológico con claras influencias chavistas.
* Llegó a pedir que quienes decidieran ampliar la discusión del texto de esta iniciativa fueran procesados como si estuvieran infringiendo el ordenamiento jurídico.
* Incluso, llegaron a atribuirle la declaratoria de interés institucional al Consejo Universitario, cosa que en realidad fue hecha por la Rectoría.
Y bueno, aquí es donde nuestros lectores se preguntarán: ¿Y entonces donde está la teoría de conspiración?
Pues la teoría de conspiración consiste en que la versión de CANARA dejó entrever, al menos en Desamparados, que la Fundación Ciudadelas de Libertad estaba en contra de la Ley Participativa de Radio y de Televisión, pero a la fecha, la Fundación se ha mantenido al márgen respecto a este asunto. Pero eso trajo consigo, una inusual polarización entre los jóvenes del Programa de Liderazgo Juvenil de la Fundación, y al mismo tiempo, el surgimiento de esta teoría de conspiración.
Según se comenta, este tema terminó por polarizar a los jóvenes becarios de la Fundación, pues había unos a favor de la Ley Participativa de Radio y Televisión, y otros en contra. Hasta se llegó a decir que la Fundación se volvió una institución "derechista", acusación que la Fundación ha negado en reiteradas ocasiones.
De hecho, esa no era la primera vez que a la Fundación se le acusaba de ser una institución "fascista": En el 2007, como CANARA (y con ello, las 4 radioemisoras de la Fundación, pues en ese momento, las 4 estaban afiliadas a CANARA) apoyaba el TLC con Estados Unidos, los desamparadeños dejaron entrever que al igual que la entonces Alcaldesa de Desamparados, Maureen Fallas, la Fundación apoyaba este convenio comercial, tema en el que la Fundación también se mantuvo al márgen, pues 14 años después, la Fundación nunca aclaró si apoyaban o no al CAFTA. Y esa viene a ser otra teoría de conspiración que hay entre los desamparadeños, y que tocaremos a futuro en este blog.
El punto es que se dice por ahí que los becarios de la Fundación a favor de la Ley Participativa de Radio y Televisión aducen lo que dice RedMICA (que esa ley promueve la democracia), pero que los becarios en contra de este proyecto de ley defienden lo que dice CANARA (que esa ley es antidemocrática). Eso la verdad no lo podemos saber, pues la Fundación tiene mas de 100 becarios.
Ya han pasado 6 años de todo este asunto, y la Fundación aún sigue al márgen sobre si apoyan o no la Ley Participativa de Radio y Televisión, pero al estar tres de sus cuatro radioemisoras afiliadas a CANARA, eso deja entrever que la Fundación está en contra de la Ley Participativa de Radio y Televisión. Y eso que la Fundación, que sólo en el 2019 logró las siguientes cifras, tiene a un centenar de jóvenes becarios.
Aunado a eso, la Ley Participativa de Radio y Televisión ha tenido bastante apoyo, aunque ignoramos exactamente cuántas firmas lleva ya RedMICA a la fecha, para poder llevar el tema a discusión en la Asamblea Legislativa. Sólo sabemos que se necesitan como mínimo, 154.000 firmas para llevar el tema al Congreso.
Y como la Fundación se ha mantenido al márgen del caso, esta historia quedó como una simple teoría de conspiración que desde hace 6 años, se ha venido difundiendo entre los desamparadeños.
¿Que diría don Samuel Bermúdez (AERIPA), fundador de la Fundación Ciudadelas de Libertad, si estuviera vivo sobre este tema? Seguramente diría lo mismo que dijo sobre el tema el Dr. Henning Jensen, Rector de la UCR en el año en que surgió está historia (2015): "En la Fundación Ciudadelas de Libertad todos los grupos políticos e ideológicos son bienvenidos. A ninguno se le niega su derecho a expresarse". Y suponemos que la libertad de expresión está grabada en piedra en el Documento Constitutivo de la Fundación.
Pero la pregunta que se hacen los comunicadores que promueven la ley es: ¿A qué intereses responde CANARA?
Ese derecho de respuesta que CANARA le negó a RedMICA, decía lo siguiente:
“El comentario emitido por el programa PANORAMA, de la Cámara Nacional de Radio de Costa Rica (CANARA) el día 13 de julio del presente año, en el que califica la Ley Participativa de Radio y Televisión como un proyecto “peligrosísimo” y como “Ley Mordaza” contiene aseveraciones inexactas, injuriosas y falsas.
EN PRIMER LUGAR, EL PROYECTO DE LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER CON EL BORRADOR DE LEY GESTADO DESDE EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES (MICITT), Y LLAMADO POR VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO “LEY MORDAZA”.
El proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión fue elaborado por comunicadores, representantes de organizaciones comunitarias, docentes, académicos, expertos en radiodifusión y televisión digital y asesores legales. Es producto de seis años de trabajo del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativas (RedMica). TAMPOCO ES CIERTA LA ASEVERACIÓN DE QUE EL PROYECTO DE LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN ES UNA CLARA AFRENTA CONTRA NUESTRO SISTEMA DE LIBERTADES Y MODELO DEMOCRÁTICO, COMO DICEN EN SU COMENTARIO.
Los principios del proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión son la libertad de expresión, la independencia de los medios, el derecho humano a la comunicación y el aprovechamiento democrático del espectro radioeléctrico. TODOS Y CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE COMPONEN EL PROYECTO DE LEY ESTÁN LIGADOS A LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO); LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; Y LA DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE DIVERSIDAD EN LA RADIODIFUSIÓN DE LAS RELATORÍAS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
El proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión garantiza además que nunca un medio de comunicación puede ser sancionado, mucho menos cerrado, por la información que difunda a través de sus frecuencias concedidas.
La campaña por una nueva Ley Participativa de Radio y Televisión respeta la libertad de expresión y de prensa y de hecho esta propuesta de ley, gestada desde la ciudadanía, es indispensable para que dicha libertad se consolide en Costa Rica”.
Y para finalizar este relato acerca de esta teoría de conspiración, aquí van los audios que difundió CANARA en esa época en contra de la Ley Participativa de Radio y Televisión, y los ataques contra las radioemisoras de la UCR, y la versión tanto de la UCR como de CANARA de los hechos:
¡Féliz Halloween para los lectores!
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